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UCLA Study Finds Housing Instability a Major Factor Behind Latino Immigrant Child Labor in California

LOS ANGELES (June 10, 2025) — A new faculty report from the UCLA Latino Policy and Politics Institute (LPPI) finds that unstable housing is a key factor pushing unaccompanied Latino immigrant children into the workforce across California. Many of these young people work in industries like agriculture, construction, food service, and gig economy jobs—roles designated “essential” during the COVID-19 pandemic.

The report, authored by Stephanie L. Canizales, a sociology professor at UC Berkeley and faculty director of the Berkeley Interdisciplinary Migration Initiative, draws on interviews with 45 frontline service providers across the state, including attorneys, educators, social workers, and health care professionals. Their accounts demonstrate that when children lack stable housing and their sponsor families face financial insecurity, limited legal protections, and little access to services, the pressure to earn income can lead children into exploitative or dangerous jobs.

“This research documents how housing instability is not just a housing issue—it intersects with labor, education, child welfare, and immigration systems in ways that have serious consequences for children,” said Canizales. “The findings point to gaps in current policies that are placing unaccompanied minors in situations that undermine their safety and long-term development.”

The report focuses on unaccompanied immigrant children—those who arrive in the United States without a parent or legal guardian and are placed with a sponsor, often a relative or family friend. These sponsors frequently face housing instability themselves, are often undocumented, and have limited access to social or economic support. Key findings include:

• Many children start working in response to high housing costs, overcrowding, or the expectation that they will contribute financially as they grow older.
• Some minors face abuse or trafficking in sponsor homes, turning to work as a way to escape unsafe conditions or gain independence.
• These jobs are typically low-wage and lack labor protections.
• Education often takes a backseat, as economic pressures force many children to prioritize income over school attendance.

This study comes at a critical time. California lawmakers are re-evaluating housing investments and social safety net programs amid significant budget constraints. Recent cuts to Medi-Cal expansion for undocumented residents and scrutiny of past housing spending underscore the need for more effective, targeted solutions.

The report offers recommendations that build on existing efforts and point to areas where strategic investments could make a difference:

• Create a coordinated statewide network of emergency shelters for youth, especially those escaping abuse, trafficking, or forced labor.
• Expand access to rental assistance and down payment programs, regardless of immigration status, to reduce the financial strain that contributes to child labor.
• Bolster tenant protections and increase funding for housing code enforcement, especially in areas with large immigrant communities.
• Strengthen access to legal services for unaccompanied minors and immigrant families facing labor and housing violations.
• Develop school-based and community “wraparound” hubs that provide legal, health, housing, and education support in one accessible location.

“Some of these solutions already exist, but they’re not well coordinated,” said former California Assemblymember Eduardo Garcia, now a senior advisor for policy and public affairs at LPPI. “This is about making sure the systems we have are working together so that children don’t fall through the cracks.”

Read the full report here

About the UCLA Latino Policy and Politics Institute:

The UCLA Latino Policy and Politics Institute is a non-partisan research institute committed to informing and elevating Latino voices in policymaking through rigorous research and analysis. LPPI’s mission is to promote inclusive, effective policies that serve Latino communities and advance social equity. For more information, visit latino.ucla.edu.

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Investigación de UCLA revela que la inestabilidad de vivienda es un factor clave detrás del trabajo infantil entre menores inmigrantes latinos en California

LOS ÁNGELES (10 de junio de 2025) — Un nuevo informe del Instituto Latino de Política Pública de UCLA (LPPI, por sus siglas en inglés) revela que la falta de vivienda estable es un factor determinante que obliga a menores inmigrantes latinos no acompañados a incorporarse al trabajo en todo el estado de California. Muchos de estos jóvenes laboran en industrias como la agricultura, la construcción, los servicios de alimentos y la economía de plataformas—sectores que fueron considerados “esenciales” durante la pandemia de COVID-19.

El informe fue elaborado por Stephanie L. Canizales, profesora de sociología en UC Berkeley y directora académica de la Iniciativa Interdisciplinaria de Migración de Berkeley. El análisis se basa en entrevistas con 45 proveedores de servicios en primera línea a lo largo del estado, incluyendo abogados, educadores, trabajadores sociales y profesionales de la salud. Sus testimonios muestran que, ante la falta de vivienda estable y el contexto de inseguridad económica, protección legal limitada y escaso acceso a servicios por parte de las familias patrocinadoras, muchos menores sienten la presión de generar ingresos, lo que los expone a trabajos peligrosos o explotadores.

“Esta investigación demuestra que la inestabilidad habitacional no es solo un problema de vivienda: se relaciona también con los sistemas laborales, educativos, de protección infantil y migratorios en maneras que tienen consecuencias graves para la niñez,” señaló Canizales. “Los hallazgos evidencian carencias en las políticas actuales que colocan a menores no acompañados en situaciones que amenazan su seguridad y su desarrollo a largo plazo.”

El estudio se centra en menores inmigrantes no acompañados—niños y niñas que llegan a Estados Unidos sin un padre, madre o tutor legal, y que son puestos bajo el cuidado de un patrocinador, usualmente un familiar o conocido. Estos patrocinadores a menudo enfrentan su propia inestabilidad habitacional, carecen de documentación migratoria y tienen acceso limitado a apoyos sociales o económicos. Entre los descubrimientos principales destacan:

• Muchos menores comienzan a trabajar debido al alto costo de la vivienda, los espacios reducidos o la expectativa de que contribuirán económicamente a medida que crecen.
• Algunos enfrentan abuso o trata de personas en los hogares donde residen, y recurren al trabajo como vía de escape o búsqueda de autonomía.
• Los trabajos que desempeñan suelen ser mal remunerados y carecen de protecciones laborales.
• La educación suele pasar a segundo plano, ya que la presión económica obliga a muchos a priorizar el ingreso sobre la asistencia escolar.

Este reporte se publica en un momento crítico, mientras legisladores de California revisan inversiones en vivienda y programas de protección social bajo un panorama de restricciones presupuestarias. Recortes recientes a la expansión de Medi-Cal para personas indocumentadas y cuestionamientos sobre el gasto en vivienda resaltan la necesidad de soluciones más eficaces y focalizadas.

El informe ofrece recomendaciones basadas en iniciativas ya existentes e identifica áreas donde inversiones estratégicas podrían tener un impacto significativo:

• Crear una red estatal de albergues de emergencia para jóvenes, especialmente aquellos que huyen de abuso, trata o trabajo forzado.
• Ampliar el acceso a asistencia para el alquiler y programas de pago inicial de vivienda, sin importar el estatus migratorio, para reducir la presión financiera que impulsa el trabajo infantil.
• Reforzar la protección a inquilinos e incrementar el financiamiento para la supervisión del cumplimiento del código de vivienda, especialmente en comunidades con alta presencia de inmigrantes.
• Fortalecer el acceso a servicios legales para menores no acompañados y familias inmigrantes que enfrentan violaciones laborales o habitacionales.
• Desarrollar centros escolares y comunitarios de atención integral que brindan apoyo legal, de salud, vivienda y educación en un mismo lugar accesible.

“Muchas de estas soluciones ya existen, pero no están bien coordinadas”, explicó el ex asambleísta estatal de California Eduardo García, hoy asesor principal de políticas públicas en LPPI. “Se trata de asegurarnos de que los sistemas que tenemos funcionen en conjunto para que los niños no queden en el abandono.”

Lea el informe completo aquí.

Sobre el Instituto Latino de Política Pública de UCLA:

El Instituto Latino de Política Pública de UCLA es un instituto de investigación no partidista que busca informar, involucrar y empoderar a los latinos mediante investigaciones y análisis de políticas innovadoras. El objetivo de LPPI es promover políticas equitativas e inclusivas que aborden las necesidades de la comunidad latina y avancen en la justicia social. latino.ucla.edu.

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